Publicar en las redes sociales fotografías de personas desnudas, imágenes o videos sosteniendo relaciones sexuales o de un ambiente privado, sin consentimiento, podría enviarle por una temporada a la cárcel.

Sin importar que la intención de divulgarlo sea denunciar un acto que se considere inmoral o contrario a las leyes, quienes incurran en esos actos podrían ser sometidos a la Justicia y enfrentar una pena de hasta un año de prisión, si se trata de imágenes de adultos, sin embargo, podría llegar hasta a cinco años tras las rejas en caso de que se trate de personas menores de edad.

Iván Félix, titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, explicó a la periodista Hogla Enecia Pérez de Diario Libre que ese tipo de acciones es tipificado en el Código Penal como un atentado a la intimidad de la vida privada, razón por la cual los infractores son pasibles de enfrentar un sometimiento a la Justicia.

Tomando como referencia el caso de Melani Abreu, joven de 22 años, que denunció que la actual pareja de su exnovio ha subido en las redes sociales, a través de cuentas falsas, un video de ella sosteniendo relaciones sexuales con su entonces pareja, el procurador explicó que quien subió el audiovisual puede ser procesado por varios delitos. Abreu en ese momento tenía 17 años de edad.

“Esta persona puede haber cometido varios delitos, entre ellos el primero es presentar a una persona menor de edad sosteniendo relaciones sexuales y publicar eso es violación al artículo 24 y el párrafo de la ley 53-07 sobre Crímenes y delitos de Alta Tecnología (publicar videos en línea con contenido sexual, pornografía infantil, pues ella era menor al momento), artículo 396 y 411, de la ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes”, explicó Iván Félix.

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) Wilson Roa, afirmó ayer que esa entidad, las clínicas privadas y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas mantienen su postura de no prestar servicios a los afiliados de la aseguradora de riesgos de salud ARS Humano, a partir de este miércoles.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Winston Santos, anunció horas antes que se había alcanzado un preacuerdo, a firmarse mañana, con la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y las aseguradoras, con el propósito de dar solución a la situación.

Roa dijo que los médicos exigen que las intermediarias de salud (ARS) cumplan con el acuerdo alcanzado con el gremio el 31 de mayo de 2017, en el que se incluían una serie de puntos, entre los que destacan el incremento de la tarifa que las aseguradoras pagan a los galenos por consultas.

“Nosotros nos reunimos con el ministro de Trabajo y el director de la Sisalril al mediodía, luego ellos se reunirían con las aseguradoras, pero hasta el momento no sabemos lo que ellos conversaron y nosotros mantenemos nuestra posición”, afirmó Roa a los periodistas.

Acusó a las aseguradoras de riesgos de salud de boicotear el pacto que alcanzaron con los médicos en 2017, y reiteró de que solo vuelven a ofrecer sus servicios a la ARS Humano, siempre y cuando esta se compromete por escrito a cumplir con lo acordado ese año.

El ministro Santos precisó que las aseguradoras se comprometieron a cumplir con el acuerdo pactado en 2017 que indica que se debe aumentar la tarifa por consulta a los médicos, que actualmente cobran entre 262 y 270 pesos.